El jurista señala que no es descartable que Joan Garcés vuelva a la carga ante el Ciadi. Sion embargo, cuenta que “ahora tiene un techo que antes no tenía”.

Fue el ex Presidente Ricardo Lagos quien le pidió que coor­dinara la defensa del Estado de Chile por el caso Clarín, cargo en el cual lo confirmaron los dos gobiernos posteriores.

El abogado Jorge Carey, quien en ese momento era miembro de la Comisión Polí­tica de Renovación Nacional, le puso al Presidente Lagos dos condiciones: que no podía sentirse presionado por nadie y que no iba a cobrar nada por sus servicios y los de su estu­dio de abogados.

El caso Clarín lo ha trabaja­do en conjunto con el abogado Gonzalo Fernández, socio del estudio Carey, con Paolo Di Rosa, del estudio jurídico Ar­nold & Porter y, en el último tiempo, con Matías Mori, vice­presidente ejecutivo del Co­mité de Inversiones Extranje­ras, entre varios otros aboga­dos.

¿Qué le parece el fallo del Ciadi?

Me parece muy positivo que el tribunal haya acogido algunos de los argumentos que Chile invocaba. El fallo es un reconocimiento a nuestra posición jurídica.

¿El caso queda totalmente cerrado?

No es descartable que Jo­an Garcés, con la imaginación, tenacidad y audacia que lo ca­racterizan, vuelva a la carga ante el Ciadi. Sin embargo, ahora tiene un techo que antes no tenía, pues no podrá, a par­tir de este fallo, pedir como compensación el valor del dia­rio el Clarín, que pudo haber sido muy alto. Ahora sólo po­drá pedir que se compense al señor Pey por no haber sido incluido por Chile entre los ex dueños de ese diario a quien Chile pagó una suma total as­cendente a US$ 10 millones por ese concepto. Si lo hace, Chile tendrá que seguir liti­gando en un nuevo proceso que, si incluye recursos de nu­lidad, podrían llevar esto a que se falle definitivamente en cin­co años. La ventaja que tiene esto que ha pasado es que Joan Garcés no puede partir de cero y pretender cobrar 800 millo­nes de dólares como había he­cho antes. Por lo demás, el tri­bunal en su fallo insinúa que pagar a Pey más de US$ 2 millones no es razonable.

¿Cuáles son los puntos esenciales del fallo?

Garcés presentó en este recurso de nulidad nueva­mente el argumento de que una confiscación, como fue la de Clarín, nunca prescribe. Si se hubiere aceptado este argu­mento, el tratado de protec­ción a las inversiones en nues­tro país firmado entre Chile y España en 1994 se aplicaría también a este caso, lo que ha­bría sido muy grave. El fallo dice expresamente que ese ar­gumento no pudo ser hecho, por lo que ha quedado en fir­me que ese tratado no se aplica a hechos ocurridos antes de su vigencia.